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El Ayuntamiento de Peñíscola solicita adherirse al Fondo de impulso económico para la financiación de sentencias firmes
La concejalía de Hacienda ha concretado hoy la intención del ejecutivo local de solicitar la adhesión del Ayuntamiento al fondo estatal que permitiría al consistorio financiar la deuda derivada de las sentencias firmes a las que debe hacer frente la administración local. Así lo ha explicado la concejala de Hacienda, Sandra Albiol, tras haber cumplido el preceptivo trámite de aprobación mediante el pleno municipal en el día de ayer.
Con el respaldo de la unanimidad de todos los grupos en este punto en el órgano colegiado, antes de que expire el plazo el día 31 de julio, el Ayuntamiento de Peñíscola solicitará siete millones a este fondo económico para liquidar casi la totalidad de la deuda pendiente con Levasa, que asciende a 4.055.329,64€, y con la familia Llopis, cuya deuda pendiente suma 3.120.000,00€.
“Teniendo que asumir la responsabilidad de responder a estas sentencias firmes, herencia de la gestión de anteriores corporaciones municipales, este Ayuntamiento y, concretamente, la gestión de la intervención municipal, estamos trabajando desde el primer momento para minimizar el impacto económico negativo de estas sentencias sobre el normal funcionamiento de la administración” ha detallado la concejala que ha recordado los acuerdos llevados a cabo con los particulares para establecer planes de pago aplazado y cumplir así con la legalidad.
“La oportunidad que nos da el Gobierno de conseguir una línea de crédito con mejores condiciones podría suponer un gran desahogo de los presupuestos municipales que, actualmente, se encuentran totalmente encorsetados e hipotecados por el pago de estas sentencias heredadas” ha valorado.
Los requisitos que el Ayuntamiento debe cumplir para optar a la adhesión a este fondo son, en primer lugar, la existencia de un desfase de tesorería como consecuencia de la ejecución de sentencias; en segundo lugar, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública; en tercer lugar, estar al corriente de suministrar la información económico-financiera al estado a través de la oficina virtual; y cuarto, cumplir el periodo medio de pago a proveedores previsto por la ley de morosidad. Albiol, según informe de la intervención municipal, ha confirmado que el Ayuntamiento de Peñíscola cumple con todos los requisitos exigibles, también con el compromiso de dotar al presupuesto de 2016 de un fondo de contingencia por posibles pagos derivados de futuras sentencias, de este modo espera tener una respuesta favorable del ejecutivo central tras el verano.
El alcalde, Andrés Martínez, ha insistido en la importancia de la posibilidad de esta adhesión que supondría “un ahorro importante en los intereses, además de la ampliación del plazo de pago que facilitaría al consistorio poder disponer de mayor capacidad para hacer inversiones al destinar menos dinero anualmente al pago de sentencias”.
El Gobierno aun no ha detallado las condiciones de los préstamos, pero el ejecutivo local baraja intereses no superiores al 2%, lo que supondría una rebaja considerable del actual 5% que está pagando por el aplazamiento actualmente.
Martínez ha recordado que el Ayuntamiento de Peñíscola no ha necesitado adherirse a los anteriores planes previstos por el Gobierno, como por ejemplo el de pago a proveedores, por estar al día en esta cuestión. “Desgraciadamente hemos de asumir hoy la irresponsabilidad de gobiernos de hace más de treinta años, tratando de encontrar las mejores soluciones para afrontar los pagos que son obligatorios”.
El primer edil ha aprovechado la comparecencia para felicitar la gestión de la concejala del área y agradecer a todo el equipo de la intervención municipal
el esfuerzo que está realizando.
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