Concluye la comisión de seguimiento por la sentencia Llopis que el entonces alcalde, Rafael Serrat, siendo advertido, no subsanó el error por el que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar más de cinco millones de euros

La última Junta de Portavoces del ayuntamiento de Peñíscola, celebrada la pasada semana con motivo de la convocatoria del Pleno del ayuntamiento, fue sucedida por la última sesión de la Comisión de Seguimiento de los antecedentes de la sentencia “Llopis” cuyas conclusiones se expusieron ayer en la convocatoria plenaria.
Según el documento de la Secretaría municipal que recoge las conclusiones de la citada comisión, a la que han asistido los técnicos jurídicos municipales, los abogados del caso y los portavoces de los grupos municipales, se constata que el 8 de enero de 1986 el Sr. D. Rafael Serrat Biosca, alcalde en ese momento y actual concejal por Izquierda Unida, actuando en nombre del ayuntamiento de Peñíscola, ocupó 7.950m2 de terreno, titularidad de la Sra. Dª Dolores Llopis Ayza, para ejecutar el “proyecto de las obras de saneamiento del área norte y continuación del denominado Paseo Marítimo derivados del proyecto de pavimentación y jardinería”.
En fecha 6 de febrero de 1986 se inmatricularon dichos terrenos en el Registro de la Propiedad de Vinaròs creando a favor del ayuntamiento una nueva finca registral pero no con la superficie realmente ocupada de 7.950m2 sino con 13.142m2 que eran los metros correspondientes a las superficies registrales de las fincas de la Sra. Llopis Ayza, desapareciendo éstas del Registro al integrarse en la nueva finca del ayuntamiento.
En consecuencia, el ayuntamiento se inscribió registralmente 4.192m2 por encima de los que realmente ocupó.
En palabras de la sentencia citada: “Es claro y evidente que el ayuntamiento demandado expropió y se inmatriculó a su nombre terrenos de la actora en superficie superior a la que estaba legitimado, y que al haber actuado con exceso y extralimitación incurrió en vía de hecho”.

El Sr. Alcalde entonces, D. Rafael Serrat Biosca, fue advertido en fecha 30 de marzo de 1987, por Dª. Dolores Llopis Ayza, propietaria de los terrenos, para subsanar el error en el exceso de inscripción; y también el Registrador de la Propiedad en fecha 24 de julio de 1987 advirtió del posible error en el título que motivó la inscripción.
“En ningún momento el Sr. Alcalde subsanó el error ni tampoco abonó la diferencia entre los metros ocupados y los inscritos registralmente” rezan las conclusiones.
El ayuntamiento de Peñíscola, en base a la citada sentencia y posteriores confirmaciones por los tribunales superiores, ha sido condenado a pagar el valor de los 4.192m2 usurpados y no devueltos a la Sra. Dª Dolores Llopis Ayza, como consecuencia de la indebida actuación municipal.  
El Juzgado de primera instancia e instrucción nº2 de Vinaròs cuantificó el valor de la indemnización en 5.068.883,16€ en concepto de principal y 1.520.664,17€ en concepto de intereses, a pagar por el ayuntamiento de Peñíscola, cantidades por las que el consistorio está pagando, en un plan de pagos acordado con el beneficiario de la sentencia, tal y como se realizó el pasado, atendiendo a la obligación de pago correspondiente a la anualidad 2015, por la que se abonaron más de 500.000€ por concepto de pago de la citada sentencia.

El cronograma
El ayuntamiento de Peñíscola debe satisfacer a Dª. Dolores Llopis Ayza la suma referida en concepto de indemnización más intereses y costas por daños y perjuicios causados por una “actuación municipal indebida”. Así, lo declaró el Auto de 4 de diciembre de 2009 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón dictado en el rollo de apelación civil núm. 356/2009.

En fecha 29 de noviembre de 2012 se informó por parte del Secretario de la Corporación de la obligatoriedad legal del pago de la indemnización.

El 18 de diciembre de 2012 el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de  PP y PSOE, y el voto en contra de D. Rafael Serrat Biosca, concejal de Izquierda Unida, acordó dar cumplimiento al Auto dictado por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón de 4 de diciembre de 2009 y aprobó el convenio de pago que fue firmado el mismo día.
En el mismo acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2012 se acordó constituir una comisión informativa especial para el estudio de los antecedentes del presente asunto y cuyas conclusiones “son incontestables, tal y como lo era la sentencia” ha constatado el portavoz popular, Romualdo Forner, que ha recordado “la hipoteca que soporta y soportará el pueblo de Peñíscola por la irresponsabilidad de un gobierno de hace casi treinta años”.