- Rafael Serrat, actual concejal por Izquierda Unida, era el alcalde por PSOE y como independiente en las legislaturas en las que se se cometieron las infracciones castigadas por la judicatura

- El actual consistorio ha anunciado la convocatoria, nuevamente, de la Comisión de Investigación para exigir responsabilidades políticas

- La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Peñíscola ha cuantificado el coste que las sentencias urbanísticas heredadas de anteriores gobiernos municipales han tenido para las arcas municipales ya en los años 2013 y 2014.

En total, 2.235.567,98€ son los que ha pagado ya el consistorio en concepto de minutas de agobados, costas y por el cumplimiento de la ley que obliga al municipio a indemnizar a los afectados por "la irresponsable gestión llevada a cabo por parte de gobiernos anteriores al actual", tal y como ha declarado el edil del área de Urbanismo, Romualdo Forner.

Las distintas sentencias que obligan a la administración local a pagar estas cantidades de dinero tienen que ver con procedimientos de expropiaciones que los tribunales han calificado fuera de la ley y corresponden todas ellas a gobiernos locales capitaneados por el actual edil de Izquierda Unida, Rafael Serrat, que entonces era alcalde socialista e independiente, con posterioridad.

El actual gobierno municipal ha cumplido con la ley y ha negociado con los particulares a indemnizar un plan de plazos para poder realizar los pagos "sin llevar el Ayuntamiento a la quiebra y sin necesidad de solicitar créditos" ampliaba la concejala del área de Hacienda, Sandra Albiol, que ha recordado que las arcas municipales han hecho el esfuerzo de cumplir con la legalidad sin endeudar al municipio, siendo capaz de reducir su deuda hasta en cinco millones en la presente legislatura y sin subir los impuestos.

El equipo de gobierno ha cuantificado, además, varios proyectos pendientes de realización a la espera de financiación "que podrían haberse llevado a cabo por parte del Ayuntamiento, respondiendo a necesidades del municipio y sus vecinos y que, desgraciadamente, están aun pendientes porque nos hemos visto obligados a postponer inversión para cumplir con la ley que castiga gestiones que se realizaban hace tres décadas".

Los proyectos a los que hacía alusión Forner, sumarían un total de 2,2 millones de euros y "tendrán que esperar sin que podamos exigir responsabilidades legales ni patrimoniales a quien podría haber llevado al pueblo a la ruina".

Concretamente, la rehabilitación de la Central de Policía en el Centro de Estudios, la pasarela de la Playa Sur, el oasis de sombra en la Playa Norte, el acondicionamiento de la Avda del Mar, la segunda fase del proyecto de iluminación de la calle Cervera, la pavimentación desde la rotonda de Cerromar hasta Fontnova, la restauración ambiental de la calle Porteta, entorno de la Batería de San Fernando y fosos, la pavimentación parcial del camino de Sant Antoni desde la urbanización Nerea hasta la "capelleta" o el asfaltado de la N-19, son algunos de los proyectos pendientes de ejecución que suman exactamente 2.234.845,10€. "Cifra que se cubriría  con el desembolso que el Ayuntamiento ya ha realizado en estas dos anualidades para subsanar los fallos de gestión de hace más de treinta años", aseguraba Forner.

"Con esta hipoteca que podría superar en los próximos años hasta los doce millones de euros, nos vemos en la obligación de exigir responsabilidades políticas, ya que la ley no permite exigirlas de otro tipo de naturaleza, a quien capitaneó el desastre" ampliaba el edil, que ha confirmado la convocatoria de la Comisión de Investigación, en el próximo mes de octubre, en la que comparecerá Serrat, como presidente de la corporación en el momento en que se expropiaron los terrenos del paseo marítimo a la familia Llopis, una de las sentencias que supera los cinco millones de euros.